En el contexto de los foros “Problemas Metropolitanos: Acciones para su atención” y como parte de la transición hacia un nuevo gobierno constitucional que promete transformaciones profundas, quienes participamos en el Tercer Seminario Internacional Repensar la Metrópoli consideramos de suma importancia pronunciarnos en relación a la problemática que se evidencia en el territorio, en las ciudades y las comunidades, en torno al suelo urbano, la vivienda, el agua, los efectos del cambio climático, y en relación a las políticas necesarias para su atención.

En las últimas décadas la configuración del territorio nacional ha estado determinada por el proceso de globalización neoliberal, la primacía del libre mercado y el retiro del Estado de la acción regulatoria, con lo que se allana el camino a la explotación indiscriminada de recursos naturales y de mano de obra, la especulación inmobiliaria, la tendencia a la eliminación de la planeación y subordinación al mercado, el desplazamiento y desalojo forzado de poblaciones, la corrupción y la ejecución de infraestructura y megaproyectos en función del interés privado.

La naturaleza del modelo —entendido en su integralidad política, económica, social, cultural y territorial— está profundizando y agravando las disparidades regionales históricas, al mismo tiempo que se articula con la expansión territorial del narcotráfico y el crimen organizado, que controla espacios de gobierno y productivos en distintas escalas, contribuyendo a las carencias de buena parte de la sociedad.

Se debilitan las formas tradicionales de organización comunitaria y se generan conflictos sociales provocados por la ruptura de las redes familiares. Hemos perdido como sociedad valores cívicos, se ha entronizado la competencia y la competitividad en lugar de la solidaridad y la colaboración, se profundiza la falta de oportunidades para los jóvenes y las deficiencias en la educación. La secuela de despojo, violencia, muerte y desapariciones tiene raíces complejas y profundas que, en buena medida, son consustanciales al modelo descrito.

Las ciudades y metrópolis están sometidas al capital financiero inmobiliario, en alianza con los gobiernos en turno y las corporaciones de la comunicación, que contribuyen a la configuración de espacios fragmentados y sociedades segregadas, mediáticamente colonizadas. En contraposición, hay espacios de diversidad, creatividad y solidaridad en los cuales cada día, sorteando múltiples dificultades, sus habitantes ponen en práctica nuevas formas de convivencia, de defensa de sus derechos y satisfacción de los mismos.

 

Territorio

Un Estado democrático debe ordenar y hacer socialmente equitativo, incluyente, seguro —frente a la violencia y los desastres—, sano y ambientalmente sostenible el territorio mexicano, sus regiones, pueblos y ciudades. Incidir en los espacios construidos y anticiparse a los procesos de urbanización y metropolización, para ofrecer condiciones adecuadas a la producción, la convivencia y la vida digna. Armonizar el desarrollo exige un esfuerzo planificado y sostenido que involucre a la sociedad y al gobierno y abra espacios a las aportaciones académicas y especializadas.

La planeación del desarrollo territorial —regional, urbano y ambiental— debe ser integral, permanente, con enfoque de derechos humanos, perspectiva de género, y respeto a la naturaleza, en todos los ámbitos, órdenes y escalas, con la participación de la población, aprobada como ley por el órgano legislativo respectivo y exigible ante la justicia.

El Estado debe recuperar el control directo del aprovechamiento de los recursos naturales, para lo cual es necesario revertir las reformas constitucionales correspondientes, modificar las leyes secundarias que permiten las distintas modalidades de extractivismo y cancelar las concesiones que afectan medio ambiente y comunidades. Es necesario reconocer los derechos de pueblos y comunidades sobre la tierra, bienes comunes y patrimonio cultural.

Definir las prioridades nacionales en la ejecución de infraestructura y equipamiento, la realización de megaproyectos, redes de transporte, puertos y aeropuertos privilegiando la integración regional, el beneficio social, el respeto a las comunidades, la preservación ambiental y la generación de empleo, subordinando el negocio privado al interés colectivo. Los megaproyectos hoy en discusión no responden a estas premisas, en tanto su definición y realización se produce desde la lógica del modelo impuesto, al margen de pueblos, comunidades y sociedad, y con graves consecuencias en la organización del territorio, el medio ambiente y las relaciones sociales.

 

Metrópolis

La gobernanza de las zonas metropolitanas requiere un enfoque que incluya instancias de coordinación obligatoria con base en un marco legal coherente, que garanticen la acción concurrente de sus autoridades, una gestión transparente sin intereses clientelares, políticas públicas convergentes y agendas construidas de abajo hacia arriba en procesos participativos con claras responsabilidades de las autoridades para seguir y monitorear su cumplimiento.

Crear Consejos Metropolitanos formados por las autoridades electas de los territorios respectivos, con autoridades federales en el caso de las interestatales, instituciones

académicas, especialistas y participación social, con todas las atribuciones de decisión en materia metropolitana. Desarrollar mecanismos de contraloría ciudadana de la gestión, el ejercicio del gasto y aplicación de recursos, que partan de las colonias, barrios y pueblos hasta llegar a la escala metropolitana.

Implementar políticas de reindustrialización y reconversión industrial ambientalmente sustentables y fortalecer la producción rural (contribuyendo a la soberanía alimentaria), para revertir la informalidad y los efectos del proceso de robotización, aumentar el empleo estable, bien remunerado y con derecho a la seguridad social.

Garantizar a toda la población el acceso equitativo a infraestructura, equipamiento y servicios públicos. El Estado debe hacerse cargo de la operación directa de la infraestructura, de los equipamientos y servicios públicos básicos de agua, saneamiento, disposición de desechos sólidos, energía eléctrica y redes inalámbricas. Las tarifas aplicadas a estos servicios deben ser progresivas según la magnitud y el tipo de consumo, estableciendo subsidios cruzados para lograr la equidad, conforme a los principios de derechos humanos, de los cuales forma parte el derecho a la ciudad.

Mejorar el hábitat social con políticas diversificadas para contribuir a la solución de las causas de la violencia y del deterioro social. Asegurar el equilibrio entre los usos urbanos, los rurales y las áreas de preservación. Revalorizar el patrimonio a partir de la memoria histórica, lo cultural y lo ambiental, no sólo desde lo mercantil y la industria del espectáculo, conciliando conservación y desarrollo.

Mejorar la accesibilidad, promover el desplazamiento no motorizado; priorizar el transporte público sostenible con estructura jerarquizada e interconectada, aplicar medidas fiscales para desestimular la compra y uso de automóviles privados y eliminar los subsidios a los combustibles fósiles y fomentar el uso de energías limpias.

Disponer de tierra para un crecimiento urbano no expansivo, con oferta legal al alcance de la población de menores recursos. Vigilar, y en su caso sancionar, que las dependencias públicas y los particulares cumplan las normas que regulan el uso y mercado del suelo. Incentivar una densificación sustentable, reconociendo en las alternativas habitacionales que las reservas territoriales se encuentran en las áreas ya urbanizadas.

 

Suelo

 

El suelo urbano se está manejando como mercancía sujeta a las leyes del mercado, lo que fomenta la especulación, la segregación urbana, la discriminación social y la expansión irracional de la ciudad. Las plusvalías que se generan con la inversión pública y el desarrollo mismo de las ciudades son apropiadas por intereses inmobiliarios privados.

El suelo tiene una función social que lo convierte en factor central en la construcción y desarrollo incluyente y sostenible de las ciudades, por lo que su uso debe subordinarse al interés colectivo y a la preservación de la vida. Es responsabilidad intransferible del Estado democrático gestionar el suelo, lo cual permite orientar el ordenamiento territorial y el crecimiento urbano, así como garantizar el derecho de los habitantes a un lugar adecuado y seguro donde vivir.

Reconocer en la legislación la necesaria intervención del Estado a través del gobierno en los mercados de suelo; reconfigurar los derechos de propiedad en el espacio urbano; recuperar la función social y ambiental del suelo y de la propiedad desde la perspectiva del derecho a la ciudad.

Establecer la diferencia entre la propiedad y el derecho a edificar, el cual deberá ser definido en función de lograr una distribución equitativa de los bienes, servicios y oportunidades que la ciudad genera.

Desarrollar los instrumentos jurídicos, administrativos, fiscales, financieros, de inducción y participación ciudadana, necesarios para hacer efectiva la función social y ambiental del suelo y de la propiedad, considerando que su ejercicio, además de satisfacer necesidades individuales, está condicionado por los intereses más amplios de la colectividad.

Garantizar la distribución equitativa de las cargas y beneficios del desarrollo urbano mediante la captura de las plusvalías generadas por la inversión pública y el desarrollo de la ciudad, y su utilización en beneficio de la sociedad, impuesto predial creciente, para obligar a la utilización de terrenos baldíos y subutilizados en función de su uso potencial establecido en los planes de desarrollo urbano y de los servicios y equipamientos disponibles. Subasta obligada o expropiación en caso de no utilizarse en el período de tiempo que establezca la ley.

Propiciar que los organismos responsables de operar los programas de suelo y vivienda reconozcan e impulsen, además de la propiedad privada individual, otras opciones de tenencia legal del suelo y la vivienda, como el arrendamiento y la propiedad cooperativa de uso y goce, para atender la diversidad de necesidades, circunstancias y tipos de solución que requieren quienes carecen de una vivienda adecuada.

Utilizar la regularización de la tenencia de la tierra sólo en las zonas consolidadas dentro de la ciudad.

 

Vivienda

Las fuerzas del mercado dominan la oferta de suelo para vivienda y los desarrolladores inmobiliarios controlan la oferta habitacional. Los organismos nacionales de vivienda sólo ofrecen servicios financieros para una reducida parte de la población que puede acceder a ellos. En este contexto, se ha dado un aumento significativo en los costos de la vivienda en propiedad o alquilada que, junto con las múltiples problemáticas ligadas a la seguridad de tenencia, están provocando el desalojo de población, la segregación socio—espacial, y el aumento de personas sin techo u obligadas a vivir en la precariedad.

Una política habitacional debe dotarse de herramientas que recuperen y apliquen las plusvalías en favor del interés de las mayorías y rescaten el papel del Estado como promotor del cumplimiento pleno del derecho a la vivienda adecuada, sujeta a la planeación territorial y a los requerimientos socio— ambientales, como base del desarrollo social, económico, territorial y urbano.

El derecho a la vivienda adecuada, implica que, en lugar de diseñar los esquemas financieros a partir del costo de la vivienda, se reconozca el perfil de la población de bajos ingresos y con esa base se diseñen los requisitos de acceso y pago de los préstamos. Es también reconocer su derecho para participar en el diseño y construcción de su vivienda, para que esta responda a sus usos y costumbres, contando para ello con servicios de asesoría técnica especializados para mejor aplicar sus recursos económicos, sociales y en especie, pero también comprende que la población participe en la elaboración y ejecución de las políticas que le conciernen.

Revertir la desigualdad en la distribución de los recursos atendiendo preferentemente a la vivienda progresiva —proceso de producción social flexible y adaptable a las necesidades y capacidades de los pobladores—, asegurando el acceso a suelo apto con intervención del Estado en el mercado.

Incluir la dotación de vivienda en renta asequible y de residencia temporal, así como la reutilización, ampliación, mejoramiento y conservación de las viviendas existentes; creando o potenciando instrumentos financieros como la banca social, de producción y comercialización de materiales, instancias de asesoría técnica y esquemas de financiamiento adecuados, lo que implica atender a 15 millones de viviendas de población de menores recursos y que mantienen déficit en las condiciones de habitabilidad.

La producción social del hábitat debe ser un componente estratégico en la política habitacional, dado el potencial transformador que tiene en la construcción de comunidades conscientes y responsables, el fortalecimiento del tejido social y de las condiciones de convivencia y de seguridad. Se requiere de un área de gobierno específica que diseñe y opere instrumentos acordes con esta lógica de producción, y establezca acuerdos con universidades y organismos de la sociedad para desarrollo de capacidades y promoción de la participación social.

Establecer programas y líneas de crédito que reconozcan las diversas particularidades habitacionales locales. Recuperar la función de regulación y promoción de oferta de suelo habitable y vivienda en renta por parte de los institutos estatales, implementar políticas para la vivienda campesina y mejorar los espacios habitables, la infraestructura y los servicios con utilización de materiales y sistemas constructivos locales, incorporando la aplicación de nuevas tecnologías.

Modificar los esquemas financieros prevalecientes y complementarlos con subsidios progresivos, inversamente proporcionales al ingreso y diferenciados según la localización de la vivienda, que consideren las condiciones deficitarias de habitabilidad de la vivienda y el grado de hacinamiento, por tamaño o composición familiar.

Estimular y apoyar a los sistemas descentralizados y autogestivos de ahorro y préstamo, desarrollados por financieras sociales, que brinden servicios financieros y expandan microcréditos adecuados a la capacidad de pago de sus usuarios, generalmente, acompañando sus servicios con organización social, educación financiera y economía solidaria. Adicionalmente, evitar que los colonos continúen siendo defraudados con las sumas multimillonarias que entregan a desarrolladores, fraccionadores clandestinos, funcionarios corruptos, candidatos en campaña y líderes que les ofrecen regularizar suelo y vivienda.

Promover que tanto la banca de desarrollo como los organismos nacionales de vivienda financien la producción social de vivienda y la asesoría integral, con el fin de articular un conjunto de acciones (y de actores) concurrentes, en apoyo al desarrollo ordenado de asentamientos populares y/o de conjuntos habitacionales de bajo costo y a la oferta legal de suelo para la población de menores recursos.

Fijar subsidios, progresivos y transparentes; exenciones fiscales para los adquirientes de lotes y viviendas con ingresos inferiores; el reconocimiento y apoyo a organizaciones sociales, cooperativas, organizaciones de la sociedad civil, instituciones de profesionistas y académicas dedicadas a la producción social del hábitat; y reformular reglamentos para que consideren la progresividad de la vivienda y la autorización de construcción con planos o esquemas comprensibles para la autoproducción.

El conjunto de propuestas enunciadas, son indicativas para un proceso de cambio y transformación que reconoce, por un lado, los impactos negativos del modelo neoliberal que llevan a la configuración de un país profundamente desigual, excluyente y violento; y, por otro lado, la amplitud de las fuerzas sociales que defienden recursos, naturaleza y vida digna. Dos formulaciones sintetizan estas propuestas: la necesidad de construir un sistema de planeación integral del desarrollo en todas las escalas, desde la vivienda hasta la metrópoli y la necesidad de desarrollar mecanismos de participación social en ¡a planeación, producción, gestión y control, también en todas las escalas y ámbitos de gobierno.

 

Ciudad de México, 26 octubre de 2018

 

Firman:

 

 

Alberto Rébora

Alejandra Castillo Musiño

Alejandra Reyes

Alejandra Solorio

Alejandro Suárez Pareyón

Alexis Antonio de la Torre Dávalos

Alexis Rangel Garrido

Alfonso Iracheta Cenecorta

Alfonso Chávez Muñoz

Alfonso Valenzuela Aguilera

Ana Lourdes Vega

Andrés Ampudia

Ángel Francisco Morán Montesinos

Ángela Giglia

Ángeles Hernández Benavides

Antonino García de la Cruz

Antonio Azuela de la Cueva

Apolo J. González Martínez

Arianne B. Reséndiz Flores

Ario A. Rivera Contreras

Arturo Barros Ávila

Arturo Valladares Piedras

Aura Vázquez Trejo

Beatriz Sámano Figueroa

Blanca Rebeca Ramírez Velázquez

Blanca Cecilia Borboa Lafarga

Brenda Corona Galván

Carlos Estrada Casarín

Carlos Lavore

Carlos Peña Morales

Christian Fernández

Clara Jusidman

Clara Salazar

Claudia Ivonne Torres

Claudia P. Chavarría M.

Claudia Pamela Chavarría Machado

Cleto Alejandro Rodríguez Cetina

Daniel Cisneros Mazariegos

Daniel Pérez Torres

Daniela Osorio Olave

Diana Belén Chávez Juárez

Edgar I. Guzmán D.

Edna Vega

Edson Iván Esquivel Ávila

Eduardo Preciat Lámbarri

Elena Solís Pérez

Elizabeth Anaya Lazurtegui

Emilio Pradilla Cobos

Enrique Ortiz Flores

Ernesto Hevia del Puerto C.

Estefany Mendoza Olvera

Fernando Córdova Canela

Francisco Jair Urbina Montes G.

Francisco Javier Vilchis Olivares

Gabriel Ballesteros Martínez

Gabriel Gómez Carmona

Gabriela Domínguez Merced

García Oscar Guerrero Hernández

Georgina Sandoval

Gerardo Ávila Jiménez González

González García de Alba

Gonzalo Cáceres Quiero

Griselda Bonifaz

Guillermo Bistráin Reyes

Guillermo Egea Mendoza

Guillermo Olivera

Guillermo Sánchez R.

Gustavo Cabrera Rodríguez

Gustavo Riofrío B.

Gustavo Romero Fernández

Homero Clemente Mendoza

Israde David

Isunza Vania

Itzel Vargas Pérez

Jaime Rello G.

Jaquelin Benítez Ríos

Javier Flores Domínguez

Jesús Jair Bárcenas Guzmán

Jesús Manuel de Hoyos Iruegas

Jesús Ramón Dávila del Valle

Jonathan Jiménez Marchand

Jonatan Marquez Aguilar

Jorge Andrade N.

Jorge Montejano

Jorge Raúl Cantú Herrera

José A. Iracheta

José Alberto Saladino Rosas

José Cristian Arenas Papalotzi

José del Carmen Palacios A.

José Luis Cortés

José Manuel Estrada Lagunas

José Pastrana Orozco

Juan Antonio Berenger Castro

Juan Carlos Hernández Esquivel

Juan Felipe Ordoñez Cervantes

Juan María Argomedo

Juana Martínez Reséndiz

Julio García Coll

Karla Paola Martínez

Laura Carolina Sánchez López

Laura Olivia Carrillo Martínez

Laura Janka Zires

Ligia González García de Alba

Liliana Raquel Ortiz Gómez

Liset Cordero Márquez

Lucía Álvarez Enríquez

Luis A. Vázquez Honorato

Luis David Hernández

Manuel Vidrio Carrasco

Marcela López Maves

Marcela Moreno

María Elba Gutiérrez Zapata

María Fernanda Ramírez Islas

María Soledad Cruz Rodríguez

Mariana Borja Rodríguez

Maricarmen Fanjul

Mario Garza

Marisol Arellano Sabag

Martha Rosas Vilchis

Melisa Olivar Chávez

Miguel Ángel Argomedo Casas

Miguel Concha Malo

Miguel Ángel Gómez Fonseca

Miguel Ángel Goroztieta Manjarrez

Mónica Silva Álvarez

Monserrat García R.

Nicole Andrea Ballesteros

Noemí Stolarski Rosenthal

Olga Freymann Gómez

Orlando Isaac Ipiña

Óscar Jorge Gómez

Oscar R. Reyes Galván

Pablo Benlliure Bilbao

Pablo Trivelli

Pedro Abramo

Pedro Irving Cerón Portuguez

Pedro Pírez

Priscilla Connolly

Priscila Rosas Herrera

Rafael Huacuz

Rafael Rodríguez Castañeda

Raúl Vicente Ruiz

Ricardo José Castillo Pérez

Ricardo Pino Hidalgo

Roberto Eibenschutz Hartman

Roberto Izquierdo

Roberto Rivas Córdoba

Rodolfo Montaño

Rodrigo Alvarado Vázquez

Rubén Cantú Chapa

Salvador Urrieta G.

Samara Heredia López

Sara Alejandrina Rodríguez M.

Silvia Emanuelli

Tania Guerrero

Tristán Esparza

Vania Samara Heredia López

Víctor Hugo Hofmman Aguirre

Víctor Hugo López Tomé

Víctor Manuel Hernández Jiménez

Víctor Márquez Aguilar

Yanel Alejandro Díaz Aragón

Zaira Valeria Posadas Vidal